22 de Julio, 2013
Un proyecto de ley que se está considerando actualmente en Uruguay hizo que en la Free Software Foundation nos diéramos cuenta de un punto importante que faltaba en nuestra lista de recomendaciones sobre las políticas gubernamentales en favor del software libre. El proyecto de ley establece que cuando desde el Estado se desarrolla o se contrata el desarrollo de software, se requiere que la solución se pueda desarrollar en un ambiente constituido por un 100% de software libre.
Este requisito evita problemas que realmente pueden suceder. Aunque el código fuente de la solución se entregue como Software Libre, y aunque pueda ejecutarse en una plataforma GNU/Linux 100% libre, aun así el programa puede quedar atrapado de otras formas.
Por ejemplo, la generación de su código fuente podría requerir el uso de un programa privativo. Incluso editar el código fuente podría requerir un programa que no es libre. Ambos problemas pueden ocurrir al usar una IDE privativa, lo cual crearía obstáculos adicionales a la migración del Estado hacia el software libre. Es sabio y correcto que la ley excluya estas formas de desarrollo de soluciones informáticas para el Estado.
Tomando esto en consideración, la FSF ha actualizado sus recomendaciones para las políticas gubernamentales, sugiriendo que los contratos requieran que las soluciones sean desarrollables en ambientes que contengan un 100% de software libre.(Consulte http://www.gnu.org/philosophy/government-free-software.html.)