por Richard Stallman
En este artículo se sugieren políticas útiles para poner un fuerte y firme empeño en la promoción del software libre en el Estado, y conducir el resto del país hacia la libertad del software.
La misión del Estado es organizar a la sociedad para la libertad y el bienestar del pueblo. Un aspecto de esta misión, en el ámbito de la informática, es exhortar a los usuarios de computadoras a adoptar el software libre: software que respeta la libertad de los usuarios. Un programa privativo (que no es libre) oprime la libertad de quienes lo usan; es un problema social y el Estado debe erradicarlo.
El Estado tiene que insistir en el uso de software libre por el bien de la soberanía en el campo informático (control del Estado sobre su actividad informática). Todos los usuarios merecen tener el control de su actividad informática, pero el Estado tiene además la responsabilidad de mantener el control sobre toda tarea de computación que realiza en nombre de los ciudadanos. La mayoría de las actividades del Gobierno actualmente dependen de la informática, y el control de esas actividades depende del control que el Gobierno tenga sobre su actividad informática. Para un organismo cuya misión es crítica, la pérdida de este control debilita la seguridad nacional.
Los organismos estatales que pasan al software libre también pueden obtener beneficios secundarios, como el ahorro de dinero y el fomento de empresas locales que ofrecen servicios de software.
En este texto, «entidades del Estado» se refiere a todos los niveles de gobierno e indica organismos públicos tales como escuelas, asociaciones mixtas público-privadas, actividades financiadas en gran parte por el Estado como las escuelas privadas subvencionadas y las corporaciones «privadas» controladas por el Estado o establecidas con privilegios o funciones especiales por el Estado.
La política más importante es la que se refiere a la educación, porque la educación es lo que plasma el futuro del país:
Son también cruciales las políticas estatales que afectan el tipo de software que utilizan los ciudadanos y las organizaciones:
No exigir nunca el uso de programas que no son libres
Las leyes y las prácticas del sector público deben ser modificadas de modo
tal que nunca exijan o ejerzan presión sobre los ciudadanos u organizaciones
para que utilicen un programa privativo. También deben desalentar las
prácticas de comunicación y publicación que impliquen su uso (incluyendo la
gestión
digital de restricciones DRM).
Distribuir únicamente software libre
Cuando una entidad del Estado distribuye un programa al público en general,
incluyendo programas incorporados o especificados en sus páginas web, dicho
programa debe ser distribuido como software libre, y tiene que poder
funcionar en una plataforma que contiene exclusivamente software libre.
Sitios estatales
Los sitios web y los servicios en red de las entidades estatales tienen que
ser diseñados para que los usuarios puedan utilizarlos, sin sufrir ninguna
desventaja, exclusivamente con software libre.
Formatos y protocolos libres
Las entidades estatales deben utilizar únicamente formatos de archivos y
protocolos de comunicación que sean bien soportados por el software libre,
preferiblemente con las especificaciones publicadas (en este caso no
hablamos de «estándares» porque lo dicho se aplica también a las interfaces
no estandarizadas). Por ejemplo, no se deben distribuir videos ni archivos
de audio en formatos que requieran el uso de Flash o de códecs que no son
libres, y las bibliotecas públicas no deben distribuir obras con gestión
digital de restricciones.
Para apoyar la distribución de publicaciones y obras en formatos que respetan la libertad, el Estado debe insistir en que todos los informes que se elaboren para él se le entreguen en formatos que respetan la libertad.
Separar las computadoras de las licencias
En la venta de computadoras no debe requerir la compra de una licencia de
software privativo. Al vendedor se le debería exigir, por ley, que ofrezca
al comprador la opción de comprar el equipo sin el software privativo y sin
pagar el canon de la licencia.
La imposición del pago es un mal secundario y no debe distraernos de la injusticia esencial del software privativo, la pérdida de libertad que deriva de usarlo. Sin embargo, el abuso de imponer ese pago proporciona a ciertos desarrolladores de software privativo otra ventaja injusta en desmedro de la libertad de los usuarios. El Estado debe impedir este abuso.
Varias políticas afectan la soberanía informática del Estado. Las entidades estatales deben mantener el control de la informática, no ceder el control a manos privadas. Estos puntos se aplican a todos los equipos, incluidos los teléfonos inteligentes.
Pasar al software libre
Las entidades estatales tienen que migrar al software libre, y no deben
instalar ni seguir usando ningún programa privativo salvo con una
autorización excepcional y temporal. Una sola agencia debe estar autorizada
para otorgar tales excepciones temporarias, y lo hará solo cuando se
presenten razones de peso. El objetivo de la agencia será el de ir
reduciendo el número de excepciones hasta llegar a cero.
Desarrollar soluciones informáticas libres
Cuando una entidad estatal financia el desarrollo de una solución
informática, en el contrato se debe estipular que el resultado se entregue
como software libre y, además, que esté diseñado de manera tal que pueda
ejecutarse y desarrollarse en un entorno 100% libre. Todos los contratos
deben estipular estas condiciones, de manera que si el programador no cumple
con estos requisitos, no se podrá proceder al pago por el trabajo realizado.
Seleccionar equipos aptos para el software libre
Cuando una entidad estatal compra o alquila computadoras, tiene que elegir
entre los diferentes modelos de una determinada categoría, aquel que más se
adapte a funcionar sin software privativo. Para cada categoría de
computadoras, el Estado debe mantener una lista de modelos autorizados según
este criterio. Los modelos que estén disponibles para el público deben tener
prioridad sobre aquellos que estén disponibles únicamente para el Estado.
Negociar con los fabricantes
El Estado debe negociar activamente con los fabricantes para procurar la
disponibilidad en el mercado (para el Estado y para la ciudadanía) de
productos hardware adecuados que funcionen correctamente sin ningún tipo de
software privativo, en todas las categorías pertinentes de productos.
Aliarse con otros estados
El Estado debería invitar a otros estados a unirse para negociar con los
fabricantes sobre el asunto de la disponibilidad de hardware
adecuado. Unidos tendrán mayor influencia.
La soberanía (y la seguridad) informática del Estado depende del control que ejerza sobre las computadoras que utiliza para llevar a cabo su labor. Para ello es necesario evitar el uso del servicio sustitutivo del software, a menos que el servicio esté a cargo de una entidad estatal que pertenezca a la misma rama del Estado, como así también evitar otras prácticas que disminuyen el control que el Estado ejerce sobre la informática. Así,
La política estatal afecta el desarrollo de software, tanto libre como privativo:
Fomentar lo que es libre
El Estado debe estimular a los desarrolladores a crear software libre o
mejorarlo, y debe ponerlo a disposición de la sociedad, por ejemplo mediante
desgravaciones fiscales y otros incentivos económicos. Por el contrario, no
se deberán otorgar incentivos para el desarrollo, la distribución o el uso
de software que no sea libre.
No fomentar lo que no es libre
En particular, no se deberá permitir que los desarrolladores de software
privativo realicen «donaciones» de copias a las escuelas, ni que soliciten
un reembolso por el valor nominal del software. El software privativo no es
legítimo en las escuelas.
La libertad no debe originar basura electrónica
Software reemplazable
Muchas computadoras modernas están diseñadas para que resulte imposible
reemplazar el software preinstalado por software libre. Así, la única manera
de liberarlas es echándolas en el basurero. Esta práctica es perjudicial
para la sociedad.
Por lo tanto debería ser ilegal —o al menos considerablemente obstaculizado a través de altos impuestos— vender, importar o distribuir en grandes cantidades equipos nuevos (es decir, que no sean de segunda mano) o productos informáticos con interfaces de hardware secretas o con restricciones puestas intencionalmente para impedir a los usuarios desarrollar, instalar y utilizar sustitutos para todo o parte del software instalado potencialmente modificable por el fabricante. Esto se aplicaría, en particular, a cualquier dispositivo que haya que «desenjaular»[1] para poder instalar un sistema operativo diferente, o cuyas interfaces para algunos periféricos sean secretas.
Con las medidas que se proponen en este artículo, el Estado puede recuperar el control de la informática y conducir a los ciudadanos, empresas y organizaciones del país hacia el control de sus propias actividades informáticas. Sin embargo, algunos sostienen que esto violaría el «principio» de la neutralidad tecnológica.
La idea de la neutralidad tecnológica es que el Estado no ha de imponer preferencias arbitrarias en el ámbito de la tecnología. Se puede discutir acerca de la validez de este principio, pero de todos modos se limita a las cuestiones puramente técnicas. Las medidas que se sugieren en este artículo, en cambio, revisten una importancia de orden ético, social y político, de modo que se ubican fuera del alcance de la neutralidad tecnológica. Solo quienes se proponen sojuzgar a un país sugieren que el Gobierno sea «neutral» con respecto a su soberanía o la libertad de sus ciudadanos.